La crisis lastra las arcas de los ayuntamientos en quiebras, que pueden considerarse más secas que un desierto, unos 400 consistorios de los 8.112 registrados no pueden pagar las facturas de luz, agua, teléfono y desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), estiman que dejarán de pagar las nóminas y para fines de este año, un 30% se declararía en suspensión de pagos por no poder enfrentar sus gastos.
En Cenicientos, pequeño municipio de Madrid, es uno de los más afectados e incluso anuncian que los empleados no van a cobrar el sueldo generando una cadena de impago ya que estos deben pagar sus hipotecas, préstamos y demás. Dejando en claro que el plan de ajuste no es para todos y parejo. Otro problema es que, los municipios no podrán devolver al Estado los fondos que les adelantaron.
En Castilla y León, prevén que varios ayuntamientos se declararán en quiebra técnica en la Comunidad para el próximo año. Otro de los ejemplos es Andalucía, dónde 2 de cada 3 ayuntamientos andaluces se encuentran al borde de la suspensión de pagos, así lo señala la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
En todos los casos pueden notarse cortes de suministro, suspensión de pagos a proveedores, funcionarios y trabajadores municipales, en algunos casos debido a la burbuja inmobiliaria por lo que sus ingresos de la actividad inmobiliaria en algunos casos disminuyeron en un 96%. Uno de los peores casos es el de Huévar de Aljarafe (Sevilla) que ya debe 8 meses de nóminas.
Desde varios ayuntamientos solicitan la reforma de la financiación local de forma más justa, sobretodo cuando deben de devolver al Estado 1.600 millones de euros que fueron adelantados el año pasado. Esto parte de que el Estado les adelanta los pagos a los municipios, calcula su aportación según los resultados del año anterior para luego liquidar las cuentas con los resultados finales.
Dada esta deuda de 1.600 millones de euros, la FEMP, ve como imposible el cumplir con la crisis del ladrillo, es por ello que ha solicitado aplazarla hasta el 2012.
A la vez que el Estado, para este año asigno una subvención mucho menor para los municipios, se cree que la reducción será de entre un 17% y un 20%, lo que significará 3.000 millones de euros menos para repartir entre todos los pueblos debido a que es el Estado el que establece sus aportaciones según los impuestos recaudados como: IRPF, IVA y demás tributos especiales.
Además de un reparto más justo por parte de las ayudas del Estado, lo que significan el 30% de total de ingresos de los ayuntamientos y poder participar de los tributos de las Comunidades autónomas (PICAs).
Imagen: Google
