Sabemos bien, ya que lo hemos explicado hace poco tiempo, que un “Moroso es la persona física o jurídica legalmente reconocida como deudor”
La Ley de Morosidad busca dar mayor posibilidad a las empresas para cobrar con prontitud, tanto de las administraciones públicas como de otras empresas privadas.
En lo que resume a la modificación de la anterior legislación, las empresas privadas deberán abonar a 60 días y las empresas públicas a 30 días a partir de 2013. Lógicamente, los objetivos previstos serán alcanzados de manera escalonada en los 3 años restantes.
A través de esta ley, se espera que las pequeñas y medianas empresas (pymes) obtengan más de 6.400 millones. Asimismo, si el sector público pagase a tiempo se devolverían a la economía más de 9.300 millones de euros.
El periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de plazo, será el siguiente:
- 50 días para 2010
- 50 días para 2011
- 45 días para 2012
- 30 días para 2013
Por último, los acreedores pueden reclamar indemnizaciones por los costes de cobro vía reclamación judicial o financiera, pero con límite del 15% para deudas superiores a 30.000 euros.
