La aprobación a la reforma de la ley 3/2004, mas conocida como ley de morosidad, permitirá a las empresas percibir sus créditos, tanto del sector público como de otras empresas privadas, en menor plazo de tiempo.
Esta ley se había sancionado con el fin de erradicar ciertos abusos con respecto a la morosidad que se daban en el ámbito de las relaciones comerciales.
Estos abusos se cristalizan en que los plazos para el pago son muy dilatados, lo que lleva al aprovechamiento por parte de los deudores a tener una liquidez adicional a costas de su acreedor. En otras palabras estar en estado de mora para los deudores, resulta económicamente favorable. Por otro lado, dichos plazos tan dilatados repercuten negativamente en la rentabilidad de las empresas acreedoras.
La ley tiene como medida principal determinar con mejor prudencia los plazos de pago en las relaciones comerciales llevadas a cabo por el sector empresarial entre sí, y entre éste y el sector público.
Concretamente establecerá un plazo para exigir los intereses de la demora, que estos se devenguen automáticamente, indicar el tipo de interés, permitir al acreedor exigir una indemnización por los costos de cobro y por ultimo le otorga a este el derecho de retener la propiedad de los bienes hasta el pago total de la deuda.
Estas medidas no significan una restricción a la libertad contractual, pues las partes son libres de pactar los plazos de pagos, de exigibilidad de intereses, su tipo, etc., siempre y cuando no establezcan clausulas abusivas como plazos de pago muy amplios o tasas muy bajas en los intereses de demora que contradigan los previstos en la ley. De ser así se hará caso omiso de las clausulas producidas por voluntad privada de las partes y el juez, modificándolas, podrá aplicar clausulas establecidas en la ley.
Lo mismo ocurriría si las partes nada acordaron, pues se aplicara el plazo en que se debe exigir la deuda y se determinara el tipo de interés establecido por la ley. Es de destacar que la ley no alcanza a las operaciones comerciales en las que intervienen consumidores finales.
Los plazos de pagos se irán reduciendo en forma gradual y serán distintos según se trate de empresas del sector privado o del sector público.
Se estima llegar a establecer para el año 2013 un plazo de 60 días para el sector privado y un plazo de 30 días para el sector publico. Las primeras irán acortando su periodo a 85 días para el 2011, 75 días para el 2012 y al fin 60 para el 2013. El sector público lo irá reduciendo en 50 días para el 2011, 50 para el 2012 y finalmente 30 días para el 2013, que ahora goza de un plazo de pago 150 días.
