La Administración Tributaria estará informada de cualquier pago o cobro superior a 3.000 euros realizado a través de entidades bancarias o de crédito en busca de «aumentar la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal».
El Real Decreto acentúa en realizar un control más ágil sobre las disposiciones, pagos y cobros que se efectúen en metálico cuando superen los 3.000 euros. Asimismo, para las operaciones de bienes inmuebles, los notarios deberán identificar la forma de pago utilizada.
Por otra parte, el decreto introduce un nuevo artículo para adaptar a la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Si nos paramos del lado de las sociedades, se excluye a las entidades de soportar o practicar el Impuesto sobre Sociedades en relación con las rentas derivadas de los préstamos otorgados.
Por último, el Real Decreto establece que la Comisión Nacional de la Energía deberá expedir facturas por las primas equivalentes, las primas, los incentivos y los complementos de los productores de electricidad que se encuentren en el régimen especial.
