El Ministerio de Vivienda acaba de presentar a las Comunidades y Ciudades Autónomas el último borrador del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012 antes del abrir el periodo de alegaciones al mismo.
Uno de los objetivos de este nuevo plan es el de garantizar el acceso a la vivienda de los ciudadanos con más dificultades, pero, a la vez, también atender a las necesidades de las rentas medias que ahora se encuentran con importantes problemas para acceder a la vivienda a través del mercado libre tras los fuertes incrementos del precio de los últimos años.
Además, se persigue abordar la crisis en la que se encuentra el mercado de la vivienda actual, introduciendo medidas destinadas a convertir viviendas libres no vendidas en VPO al alcance de los ciudadanos.
Plan con diez objetivos claros
-Se amplía a las familias con ingresos anuales de hasta 31.500 euros la Ayuda Estatal Directa a la Entrada y la subsidiación de préstamos convenidos, se regula el alquiler con opción a compra y se incluye una nueva figura: alojamientos temporales para colectivos específicos, como la comunidad universitaria, o especialmente vulnerables.
–Que las familias puedan acceder a VPO, ya sea de nueva promoción o reconvertida del parque existente.
–El alquiler centra el tercer objetivo del Plan, que busca que el 40% de sus actuaciones se destinen al arrendamiento.
-Las necesidades de vivienda han de ser conocidas por todos.
-Asegurar un parque de vivienda protegida para las generaciones futuras.
-Se calificará de forma permanente las viviendas en suelo protegido, público o dotacional, mientras subsista el régimen de clasificación del suelo, con un periodo mínimo de 30 años.
-Los ayuntamientos protagonizan el séptimo objetivo del Plan, que se abre a su colaboración.
-El octavo objetivo del Plan se centra en reforzar la rehabilitación.
-El Plan marca como noveno objetivo que todas sus intervenciones persigan la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad.
-El último objetivo conlleva ayudas para potenciar y extender a todo el territorio las oficinas de gestión y atención al ciudadano coordinadas por las CCAA.
Por otra parte, las comunidades fijarán la superficie de las viviendas protegidas, si bien la ayuda estatal financiará hasta 90 metros cuadrados. En manos de las Administraciones autonómicas queda también la regulación de los alojamientos para colectivos vulnerables y las áreas de rehabilitación.
