Son muchos los que recurren a los paraísos fiscales o países como Suiza tratando de esconder dinero y evitar pagar por subidas de impuestos, amparándose en la actual crisis económica o simplemente por que tienen espíritu evasor, pero así y todo el secreto bancario suizo ha recibido una nueva normativa por parte del Gobierno de Suiza, tendiente a regular el secreto bancario que deniega una asistencia administrativa a países que lleguen a reclamar los datos bancarios basándose en informaciones o datos robados.
Dicho texto, que empezará a regir en aproximadamente 1 mes debiendo ser reemplazado por una ley, se encarga de establecer las condiciones en que deben prestarse la asistencia administrativa respecto al fraude fiscal y a la evasión fiscal.
Uno de los problemas, es el que ha sugido con la Hacienda Pública española, que se encuentra bajo una investigación a los titulares de 3.500 cuentas de la filial de HSBC.
Al momento que un país llegue a solicitarle a Suiza y alegue una doble imposición, en ese caso la Administración llevará a cabo un examen de forma preliminar, el cual se basará en analizar si el pedido está dentro del principio de buena fe, y que el pedido se apoye en información verdadera.
La nueva normativa se da a partir de varios hechos como el acuerdo entre Berna y Washington para transmitirle al fisco estadounidense los datos bancarios de unos 4.450 clientes del banco UBS de Suiza por ser sospechosos de una evasión fiscal. Este tipo de hechos es lo que empujó a adoptar nuevas medidas para flexibilizar el secreto bancario.
Por lo que, el Consejo Federal suizo prometió revisar los acuerdos de doble imposición, pero señalando que el secreto bancario aún seguirá y por más que se adapte a los estándares establecidos por la OCDE en materia administrativa, no cambiará aquellas reglas que rigen para los contribuyentes que están domiciliados en Suiza.
En caso que la información sea falsa, Suiza les negará la asistencia, además de exigirles datos que permitan identificar a los evasores fiscales.
Mientras que los que resulten afectados tendrán la oportunidad de recurrir la decisión al Tribunal Administrativo Federal (TAF) por lo que dicha normativa sólo será aplicada a aquellas solicitudes que sean desde el realicen próximo 1 de Octubre.
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