Esta crisis ha puesto en el tapete nuevamente una disyuntiva frente a la posibilidad de que una entidad quiebre o se encuentre en una situación muy complicada.
Ante este panorama existe una pregunta que podemos hacernos. ¿Fusión o intervención? Frente a este panorama, las cajas de ahorro rurales, están estudiando una propuesta seria, la integración de las 72 entidades de este tipo bajo la denominación Sistema Integral de Protección (SIP).
Para ello, han encargado a Analistas Financieros Internacionales (AFI) la confección de un plan para llevar a cabo una estrategia que contempla ofrecer mayor solvencia y cobertura para dar servicio a clientes, como también proyectarse frente al mercado bajo un mismo nombre, una marca y imagen.
Ante este panorama, muchos se preguntan si es posible que el Estado intervenga un banco o caja de ahorros. Sin embargo, el Gobierno descarta esta posibilidad y prefiere otras vías, con una intermedia, la inyección de capital, y mucho más lejos se encuentra la intervención y o la mismísima nacionalización.
Sin embargo, y para bajar los decibeles, lo primero que debería buscarse es la entrada de capitales privados, y ante la negativa, podría participar, pero sin controlar la entidad.
El pasado año, se dio curso a la compra de activos financieros y de avales para que las entidades obtengan liquidez, sin llegar al extremo de tener que entrar en alguna de ellas.
Por lo tanto, llegar a intervenir o en el peor de los casos nacionalizar, es una mediada extrema, ya que otra vía que algunas cajas de ahorro han empezado a contemplar, y otras a formalizar, es la fusión con el apoyo del Gobierno.
