El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley del Juego, donde se plantea la cesión de competencias de financiación proveniente de los nuevos impuestos sobre el juego «online» a las comunidades autónomas.
Sin embargo, es un proyecto con varias críticas, como por ejemplo el de la base sobre la que se van a calcular los nuevos impuestos. El Gobierno pretende en su propuesta que los impuestos que tendrán que pagar los operadores se calculen sobre los ingresos brutos que tienen por su negocio. Pero, desde el sector se espera poder llegar a un acuerdo para calcularlo sobre los ingresos que obtienen las compañías después de restar lo que devuelven en premios a los jugadores.
En base a esto, es destacable que en algunos juegos por cada 100 euros que el usuario juega, se devuelven 80 en premios, y entonces, si se calculan los impuestos sobre los 100 euros, el negocio sería inviable. Entonces, estas empresas buscarán una fiscalidad basada en los ingresos netos, como la que se aplica en Gran Bretaña o en Italia.
Además de los nuevos impuestos, el proyecto de Ley del Juego aplicará salvaguardas para colectivos más sensibles, donde se incluyen a menores o personas con ludopatía, y reza por la creación de la Comisión Nacional del Juego como órgano encargado de supervisar el sector.
En vista al ordenamiento comunitario, cada una de las comunidades autónomas recaudará los impuestos generados por los usuarios que apuestan desde su territorio, cualesquiera que sea la página web, siempre que tenga licencia para operar en España. Por su parte, el Estado recaudará lo generado por los usuarios que jueguen en páginas web de operadores con licencia en España desde fuera del territorio español.
Asimismo, existe otra crítica realizada por los casinos o los bingos, y es que Loterías y Apuestas del Estado se ha reservado en el proyecto de Ley el negocio de la lotería, que no podrá organizar ningún operador privado, incluyendo una indefinición sobre el concepto de «lotería» a favor del Gobierno.
Por último, se resalta la falta de medidas para eliminar la ventaja que han logrado las casas de apuestas online durante los años sin pagar impuestos en España porque no había una Ley que regulara este tipo de negocios.
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