¿Fin de la economía sumergida?

Cuando hablamos de economía sumergida, oímos las voces de los candidatos de siempre, opositores y oficialistas, que prometen acabar con ella, cosa que existe desde la misma existencia de un Gobierno y de un «sistema legal». Ahora aparece una nueva medida, dado que el Gobierno endurecerá a partir de hoy las sanciones administrativas a las empresas que posean empleados en su plantilla de forma irregular. Las multas pueden alcanzar hasta 10.000 euros, es decir, que sobrepasarán hasta 5 veces a las actuales.

Recordamos que, ya en el pasado 29 de abril el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, donde se ponía tope a un periodo de regularización voluntaria de tres meses, hasta el 31 de julio.

De esta manera, ¿logrará el Gobierno acabar con la economía sumergida?

Lamento informar que no, es algo casi imposible que suceda, y en ningún país del mundo se ha logrado.

Actualmente y siguiendo ciertos estudios, la economía sumergida en España llega a significar el 17% del PIB de España, y a nivel empleo sumergido serían más de 4 millones de empleos no declarados o en negro. Se prevé que puedan aflorar 500.000 empleos mínimamente.

Sin embargo, lo que buscamos ahora es recuperar el mayor número de cotizantes posibles, y que no conllevaría ningún tipo de amnistía, puesto que los empresarios sólo podrán acceder a bonificaciones y ayudas una vez que den de alta en la Seguridad Social a los empleados sumergidos. En este sentido, sale a la vista el grave problema previsional que tiene España dado que su población envejece a pasos agigantados mientras el promedio de hijos por familia es menor a la media necesaria para mantener una línea de crecimiento estable.

Mediante el nuevo plan se establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de hoy una sanción mínima de 3.126 euros, superior en cinco veces a los 626 euros anteriores, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.

En el caso de que el trabajador compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos «en negro», la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.

Lo que se busca es lograr acabar con la economía sumergida en diferentes ámbitos que afecta a la recaudación fiscal de más de 30.000 millones de euros al año.

Por otra parte, se espera que la sanción para parados que cobren al mismo tiempo protección por paro y un trabajo irregular es que éste llegara a perder automáticamente dicha prestación. Actualmente hay abiertos unos 250.000 expedientes anuales por este tipo de irregularidad.

La economía sumergida en España se encuentra entre el 15% y el 25 % del PIB. Mientras que el estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), refleja que el trabajo sumergido ha influido sobre la recaudación fiscal de entre el 5,4% y 5,6 % del PIB entre el periodo de 1980 y 2008.

Si bien es algo contra lo que lucharemos toda una vida por conseguir cambiar, de seguro que estará en todos los discursos electorales para el 20 de noviembre. Para dicha fecha, si usted tiene una opinión formada y se apunta a alguno de los principales candidatos, lo invitamos a compartir con nosotros su idea en la encuesta sobre las elecciones 20-N.

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