A medida que se acerca la apertura oficial del curso académico parece que la crisis que han desatado algunos gobiernos autonómicos con sus planes de recortes centrados en incrementar el número de horas lectivas de los profesores se está recrudeciendo, con movilizaciones generales en todas las regiones y paros anunciados para las próximas semanas.
Y es que más allá del incremento de las horas lectivas en sí, la cuestión radica en lo mal que se han explicado los consejeros de educación que, por ignorancia o por intereses creados, han confundido las horas lectivas con las horas de trabajo, que ni son lo mismo ni deben ni pueden parecerse.
Porque el incremento de dos horas lectivas, no supone que los profesores tengan que dedicar sólo dos horas a dar clase, las cuáles las tendrán que quitar de otros quehaceres, sino que suponen muchas más horas porque cada hora lectiva supone un período de preparación, otro de corrección y otro, no menos importante, de tutorización a los alumnos, por lo que incrementar dos horas lectivas, supone restar no menos de cuatro horas de otras responsabilidades del profesorado.
Ello provoca un deterioro evidente en la calidad de la enseñanza pública, ya que se acumulan menos horas para todas las tareas que debe de llevar a cabo un profesor, con lo que se puede dedicar mucho menos entusiasmo a cada una de ellas y ofrecer una peor atención a cada alumno.
Además, este incremento de las horas lectivas no hace sino hacer mella en la precaria situación de los profesores interinos y de sustitución, muchos de los cuáles ahora se quedarán sin trabajo, y no está el país precisamente preparado para soportar más desempleo, en ningún estamento ni en ningún sector.
Una alternativa plausible a esta decisión tan dañina que han tomado algunos gobierno autonómicos hubiera sido la de reducir el salario de los trabajadores a través de los complementos extra, de forma que se podría haber ahorrado la misma cantidad de dinero sin repercutir en la calidad de la enseñanza ni en el empleo de los profesores asociados.
Evidentemente, esta medida hubiera enfadado igualmente al profesorado, pero no podemos negar que hubiera sido más beneficiosa para el conjunto de la sociedad ya que la educación pública, uno de los pilares de nuestro estado del bienestar, se hubiera mantenido intacta y sin mayores dificultades de las que ya tiene.
Y es que algunas asociaciones de padres y de profesores quieren ver en este recorte un ataque directo contra la educación pública en favor de la educación privada, que a través de las subvenciones de las Comunidades Autónomas mantiene un elevado estatus de protagonismo, restando presencia y prestancia a la educación pública, en una deriva ciertamente peligrosa.
