Tanto hemos oído hablar del rescate a «nuestros» bancos, que parece que ya lo teníamos concedido. Pero no es así, no fue hasta ayer lunes cuando los ministros de finanzas de la Eurozona aprobaron definitivamente el primer tramo del mismo, por importe de 37.000 millones de euros, y que el gobierno destinará íntegramente a la banca.
En concreto, estos fondos irán destinados al rescate de las entidades nacionalizadas, es decir, Bankia, Banco de Valencia, Catalunya Caixa y Novagalicia. Y se acompañará de otro tramo de ayuda de 2.500 millones de euros para la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb). De este dinero, Bankia recibirá 17.960 millones de euros, Catalunya Caixa 9.080 millones, Novagalicia Banco 5.425 millones y Banco de Valencia 4.500 millones. La ayuda vendrá en forma de letras a 10 meses y bonos a 18, 24 y 36 meses del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE).
Para el Ministro de Economía español, Luis de Guindos, el coste por el rescate tendrá un impacto mínimo al ser sólo del 1%. Pero, como cualquier dinero que se solicite y más si va al amparo del concepto rescate, trae ocultas otras implicaciones que es lógico nos generen ciertas dudas, pues pasan porque el gobierno de España pierda parte de su potestad para guiar nuestra economía. De esta manera, las medidas que desde Bruselas se imponen al gobierno y que evidentemente han condicionado la ayuda destacan:
- Limitar la aplicación del IVA reducido. En septiembre de 2011 ya se aprobó un aumento del IVA, dando lugar a una subida del general del 18 al 21% y del reducido del 8 al 10%. En aquella reforma, el superreducido se mantuvo en el 4%. Lo que pretende Bruselas es terminar con esta subida, que supondrá que los productos de primera necesidad se encarezcan, al igual que ha pasado con otros bienes y servicios en los últimos meses del año.
- Subidas de impuestos tales como carburantes o de labores del tabaco. Parece que el Gobierno tendrá que sacar antes de tiempo medidas que de momento tenía guardadas a la espera de que la coyuntura no empeorase.
- Aplicación definitiva y completa de la reforma laboral, en consecuencia, abaratamientos de despidos y facilidades para abrir expedientes de regulación de empleo.
- Continuar por la senda de la moderación salarial, así como congelaciones de pensiones. Ya hemos comprobado que no ha congelado, pero si revalorizado muy por debajo del aumento de la inflación.
Y estas son sólo algunas de las medidas que el Gobierno debe llevar a la práctica para compensar el rescate bancario que ha tenido que solicitar. Medidas que finalmente pagamos contribuyentes, pensionistas y trabajadores. Un rescate bancario no es lo mismo que un rescate a nuestra economía, la diferencia estriba en quién se beneficia del mismo, aunque el hecho de que paguen las consecuencias los mismos pueda confundirnos y parecernos que el efecto es el mismo. Por tanto, de lo que hoy hablamos es un rescate sí, cuyos fondos se prestarán al Estado, pero que este destinará a la refinanciación de sus bancos en exclusiva.
