En los últimos tiempos he escuchado varias veces la teoría de que el verdadero negocio de un presidente de Gobierno empieza precisamente cuando deja su cargo. Conferencias, puestos directivos en empresas, cargos en instituciones internacionales… La ‘jubilación’ de los ex presidentes suele ser de todo menos tranquila y sus ingresos suelen ir acorde a este movimiento y superar con creces lo que cobraban como presidentes. Pero tampoco hace falta llegar tan alto para ver crecer los ingresos tras abandonar la política.
El salto de Eduardo Zaplana a Telefónica tras abandonar su cargo como diputado del PP ha sido el más sonado de los trasvases de políticos al mundo empresarial. El ex ministro será el nuevo delegado de la teleoperadora para Europa y su labor consistirá principalmente en ejercer de interlocutor de la compañía ante las autoridades comunitarias. Además, también ejercerá como consejero de Telefónica O2 Europa y Telefónica O2 República Checa. Zaplana, al que se ha fichado por sus contactos, especialmente en Italia, cobrará cerca de un millón de euros. Para poder aceptar esta oferta el ex mandatario se ha visto obligado a dejar la política, puesto que la Ley Electoral prohíbe a los diputados y senadores ocupar cargos de responsabilidad en empresa. Lo que no fija es ningún periodo de ‘reflexión’ desde el cese de la actividad política hasta asumir las responsabilidades corporativas.
El caso de los cargos públicos es diferente. Ellos sí deben dejar pasar por lo menos dos años antes de ocupar un puesto de responsabilidad en el sector privado, aunque existen vías legales para ‘saltarse’ el procedimiento . Esto es lo que permitiría a David Taguas, ex director de la Oficina Económica de la Presidencia, acceder a Seopan, una de las mayores agrupaciones de empresas de la construcción. Según indica el diario Cinco Días, de momento se está valorando si el lobby tratará temas con los que Taguas ha estado en contacto o su carácter de entidad sin ánimo de lucro.
Pese a ser los más conocidos, no son los únicos casos que están sirviendo para alimentar el debate acerca del futuro de los políticos una vez dejan la política. Un reportaje publicado este fin de semana por El Mundo en sus páginas salmón añade un último ingrediente a la polémica: el sueldo de los cargos públicos tras su cese. El artículo entra en la retribución de los altos cargos del Gobierno una vez abandonan sus puestos y cómo la actual ley permite que una misma persona cobre varios salarios del erario público, algo prohibido para el resto de ciudadanos. Entre los casos más llamativos se encuentran los 13.000 euros que percibirá al mes Manuel Marín, ex presidente del Congreso o los 15.000 euros que recibe el ex ministro, diputado y portavoz socialista José Antonio Alonso.
El debate no se centra tanto en la legalidad de cobrar varias pagas del Estado simplemente por haber ocupado el cargo de ministro o la legalidad de salir de la política para entrar en el mundo empresarial, sino la legitimidad y sobre todo la ética de todos estos movimientos, un apartado en el que incluso los propios políticos entran en conflicto.
