Parece que uno de los temas estrella de estas próximas elecciones generales del 20 de noviembre será el tema del Impuesto sobre el Patrimonio, y su posible reincorporación al sistema legislativo español, con las novedades propuestas por el PSOE, en la que se intenta racionalizar en cierto sentido el método de cómputo y cálculo del mismo.
Y es que el PSOE, de la mano de Rubalcaba está intentando realizar un giro a la izquierda, el cuál se daría desde la mayor carga impositiva a las rentas más altas de nuestro país, con el Impuesto sobre el Patrimonio como principal objetivo, eso sí, un impuesto renovado y mucho más racional.
Porque el problema que teníamos hasta ahora es que el Impuesto sobre el Patrimonio terminaba por gravar las rentas medias, en lugar de las rentas más altas, las cuáles encontraban vías de escape y evitaban tener que pagar las cantidades que les correspondían por propiedades y rentas.
Por ello, el propio PSOE decidió su retirada del conjunto de tributos de nuestro país, para no castigar aún más a las rentas medias nacionales. Sin embargo, la falta de ingresos de las administraciones públicas está haciendo que se planteen su recuperación de una manera mucho más justa.
Así, se calcularía el tipo impositivo en función de la renta real, no de la renta disponible, una renta real que tendría en cuenta todas las propiedades y todos los ingresos, independientemente de desgravaciones fiscales ulteriores que pudieran servir para reducir la cuota en otros tributos, pero no en este Impuesto sobre el Patrimonio.
El PP, por su parte, se ha mostrado totalmente contrario a recuperar esta figura impositiva, ya que piensa que sería un nuevo obstáculo para la recuperación económica al golpear directamente a las rentas que, por su posición e influencia, están en disposición de dinamizar la economía.
En este sentido se plantea de nuevo el debate ideológico entre los dos grandes partidos, lo cuál polarizará el debate y hará que los indecisos acaben por tener la llave de la gobernabilidad del país. Por un lado, el PP apuesta por una política económica liberal al más puro estilo de Estados Unidos, basada en la acumulación de renta disponible en manos de los ciudadanos para que ellos sean los que gestionen sus recursos.
El PSOE, por el contrario, apuesta por un Estado más solidario, de forma que se produzca una reordenación de los recursos desde los más ricos a los más pobres, con la idea de construir un país en el que la diferencia entre los dos extremos económicos del país no sea tan acuciada, compensando las posibles ineficiencias del mercado en favor de una mayor igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
Se trata por tanto de un debate apasionante que determinará la situación del Gobierno de España para los próximos cuatro años y que dirimirá el tipo de país que los ciudadanos quieren tener en realidad, aunque, como en todas las elecciones, todo acabará por ser un batiburrillo en el que nada quedará claro.
