Las agencias de calificación o de rating, son aquellas que califican el riesgo crediticio de los emisores de valores y de sus obligaciones financieras. Se caracterizan por ser intermediarios de la información ayudando a los inversores a tomar decisiones. La calificación es solamente una predicción sobre la probabilidad de que una compañía quiebre.
En España, por ejemplo las exigencias de calificación son muy puntuales, afectando así a la corriente de inversión. Si bien no se exige una calificación para la admisión a cotizar en la Bolsa, no obstante, cualquier emisor puede solicitarla voluntariamente.
La predicciones sobre el emisor pueden ser “positiva, negativa, estable o incierta” y su deuda “de inversión” o “especulativa”. Así dar un mayor margen a la elección del inversor. Su reputación surge de la independencia de sus opiniones y de la cantidad de aciertos durante años. Se crean en 1909 evaluando las emisiones de obligaciones de las compañías de ferrocarriles en Estados Unidos. Su servicio de recopilación de información ha desplazado al que era prestado por los bancos al examinar la solvencia de las empresas que ellos mismos financiaban.
Por otra parte, se las considera una influencia en la política, ya que evalúan el riesgo asociado a las emisiones de deuda pública, “decidiendo” la suerte de los gobernantes.
El problema es que, estas agencias, han adquirido un gran poder, ya que sus calificaciones pueden obligar al Estado o distintas empresas a pagar mayores tasas de interés por sus créditos debido a ser consideradas de más riesgo.
Yo me siento representado por los abogados que presentaron hace poco una querella contra estas agencias, ante la Audiciencia Nacional.
http://actuable.es/peticiones/apoyo-querella-contra-agencias-calificacion-moody-s