¿Se avecinan tiempos difíciles para el capital privado en Latinoamérica, o las ultimas noticias forman parte de una nueva estrategia estatal y privada en la región?
En pleno 1 de mayo, “día del trabajo”, El gobierno de Bolivia, comandado por Evo Morales, acordó la estatización de Repsol YPF y decretó la expropiación de las otras tres petroleras.
Además decidió la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones de capitales italianos Entel; y le prometió a los inversores respetar los «compromisos».
De esta manera, y dos años después de haber sancionado la nacionalización de los hidrocarburos, éste país latinoamericano anunció que el Estado controlará las cuatro empresas petroleras que funcionan en el país, privatizadas parcialmente en la década pasada.
Así, Repsol YPF acordó con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la transferencia del 1,08 % de acciones de la Empresa Petrolera Andina S.A., por la cual la empresa estatal boliviana asumirá la mayoría accionaria dentro de esa compañía, compartiendo así la operación y la administración de su actividad.
Por su parte, Chaco (de la británica British Petroleum), Transredes (gestionada por la británica Ashmore) y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHD), de capitales peruanos y alemanes, no lograron un entendimiento para transferir sus acciones y fueron nacionalizadas por decreto.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, afirmo que: «El proceso de compra culminó con éxito». En el mismo salón, el representante de Repsol-YPF, Tomás García Blanco, firmó el contrato correspondiente. «Con este contrato Bolivia vuelve a recuperar la mayoría accionaria en 18 campos petroleros donde YPFB tendrá presencia en el directorio, la junta de accionistas y la administración».
En el mismo continente, y bajo otras condiciones, el presidente venezolano, Hugo Chávez, firmó un decreto de nacionalización que permitirá nombrar una comisión para tomar el control de la siderúrgica Sidor, controlada por el grupo argentino Techint y envuelta, desde hace meses, en una dura negociación salarial con los sindicatos.
Según Chávez, Techint pide una compensación de entre 3000 y 4000 millones de dólares, mientras que el gobierno venezolano considera que el «precio justo» es de unos 800 millones de dólares.
