A lo largo de la crisis que soporta España, con índices de intranquilidad en aumento por el parón en la construcción, el impacto inmobiliario y el endurecimiento del sector financiero a la hora de otorgar préstamos hipotecarios, el sector público ha salido al cruce, y ha intervenido en dos cuestiones, por lo menos, algo polémicas.
Por un lado, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado días atrás la intención del Gobierno de Rodríguez Zapatero de invertir 300 millones de euros en la compra de suelo privado, con el fin de edificar pisos protegidos.
De esta maera, el programa estatal tendrá una vigencia de cuatro años, mediante la participación de la entidad pública de suelo SEPES.
Sin embargo, antes, el Gobierno deberá consensuar con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias sobre los espacios que se adquirirán para luego edificar viviendas.
Esta iniciativa deja a las claras que frente a una crisis como hace tiempo no vivíamos, ha necesitado la intervención del Estado en ciertos aspectos tan sensibles como la compra de suelo privado para la construcción de viviendas.
Frente a la situación que soporta Martinsa-Fadesa, la ministra tuvo que negar una suerte de especulación que giraba frente al rol del Estado y los promotores privados.
La funcionaria desmintió que la compra de suelo privado tenga como objetivo ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y recalcó que con esta medida se intenta avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.
Esta decisión del Ejecutivo, tuvo también el apoyo del Ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien no se ha callado y ha expresado que es un «buen momento para que el Gobierno compre suelo y lo destine a uso público».
Ahora, la Comunidad de Madrid está decidida a lanzar un plan este año que sacará al mercado unas 25.000 viviendas libres construidas en la región.
La medida ha sido defendida con el argumento de que tendrá precios máximos de venta de entre 200.000 y 320.000 euros, es decir con una rebaja del 20% respecto a los precios de hoy en zonas como los municipios de Madrid, Alcobendas, Las Rozas, Majadahonda y San Sebastián de los Reyes. .
A partir de este convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y las entidades financieras, los pisos de nueva construcción (de hasta 100 metros cuadrados) que no hayan sido vendidos podrán salir al mercado como Viviendas Libres de Precio Concertado.
Además se ha informado que las personas que tengan dificultades para acceder a la adquisición de las propiedades, tendrán la opción del alquiler con opción de compra a los tres años y con una renta mensual máxima de entre 750 y 1.200 euros.
