Dentro del Plan Nacional de Reformas, un plan del que forman parte más de cuarenta iniciativas legislativas con límite de aprobación en marzo del 2013, el Gobierno ha incluído una Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con el objetivo de delimitar las competencias municipales y de evitar duplicidades.
Según el Gobierno, poner en marcha esta nueva ley puede suponer un ahorro de unos 3.500 millones de euros. Esta ley irá acompañada, asimismo, de un cambio en la Ley Orgánica de Régimen Electoral que supondrá una reducción en el número de concejales.
Modificaciones de gran complejidad
El Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas está trabajando en conjunto con representantes de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y también con representantes de las Comunidades Autónomas toda una serie de modificaciones que revisten una gran complejidad y que obligarán a que exista un gran consenso para llevarlas adelante.
El calendario de esta difícil negociación ha sido diseñado para que se intensifiquen las negociaciones a partir del 25 de noviembre, una que se hayan celebrado los comicios catalanes.
La función de las Diputaciones es el principal obstáculo
Uno de los principales obstáculos es el papel que deben asumir las Diputaciones, las cuales el Ministerio tiene pensado potenciar en su papel de gestión de servicios mínimos obligatorios, mientras que desde las filas socialistas se apuesta por su desaparición.
Con esta nueva Ley, el Gobierno también pretende que las entidades locales se adapten a la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y evitar, de esta forma, que gasten más de lo que ingresan. Una de las medidas a adoptar es la de limitar los sueldos municipales, para que ningún alcalde pueda cobrar un sueldo superior al de un ministro. Este límite máximo quedaría, por tanto, establecido en los 68.981,88 euros.
En cuanto a la modificación de la ley electoral, el objetivo marcado es el de reducir en un tercio el número de concejales ya existentes. De esta forma, el núemro de concejales existentes pasaría, en la próxima legislatura, de los 68.758 actuales a 47.240.
Debido al alto nivel de consenso y de compromiso que implica la aprobación de esta nueva ley, el presidente del FEMP insistió en que «la reforma debe ir íntimamente vinculada al acuerdo político», considerando como muy positivo el proceso iniciado entre los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE.
