Se viene una ola de despidos en las Administraciones Públicas, al ajuste por las deudas de las CC.AA. se le suma entre los recortes y ajustes una gran reducción de plantillas en las administraciones, ya ha dado su parecer el Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, en cuanto a que las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en su carrera por reducir sus déficit deberán recortar las plantillas eso si de que se aumente la tasa de paro no comentarios. Un interesante informe es el del Deficit Fiscal 2012 – Ranking de deficit en españa por Comunidad Autonoma.
Además de que es un lugar más por el que pasar la tijera algunos como Beteta quieren unas Administraciones más delgadas y acorde a la realidad ante esto no tienen prejuicios en tirar sobre la mesa que las nóminas de los empleados públicos ya significan el 40% de los gastos para las regiones, traducido en dinero son 58.825 millones de euros al año, señores y los salarios de los políticos cuanto suponen entonces!!!!!!!
A todo esto las autonomías deben en los 9 meses del año que restan, afrontar un recorte en 2012 de 15.500 millones de euros que equivalen a sus déficit, no se sabe cuanto será la reducción, pero tanto las regiones como los Ayuntamientos deben adelgazar sus filas de empleados. Otro de los números es que en los últimos 10 años se contrataron más de 440.000 empleados públicos de las Administraciones.
Sería matar dos pájaros de un tiro ya que al recortar se ahorraría dinero pero también se daría por tierra con contrataciones por clientelismo político y de paso de cerrarían entes, empresas y nuevos organismos públicos que están demás. Así se verán reducidas las más de 4.000 entidades públicas.
Los que defiende esta política dicen que también se han tocado los altos cargos, reduciendo puesto en presidencia del Gobierno y la secretaría de Estado un 18% se redujeron los número de altos cargos -88 menos-para el caso.
Otra medida fue la de limitarle el sueldo a los directivos de las empresas públicas y se espera por más medidas de este tipo. En la actualidad España tiene unos 2.690.099 trabajadores públicos que abarca a funcionarios, personal laboral y los que son contratados directamente por las Administraciones públicas de los que algo menos que 1 millón no se trata de funcionarios.
Mientras que las Comunidades Autónomas cuentan con unos 1.347.835 empleados de ellos unos 434.942 no se trata de funcionarios. Otro de los puntos negativos de esta reforma laboral son los despidos colectivos dentro del sector público en las plantillas de empresas públicas y también se deberá despedir entre el personal laboral contratado de forma directa por los Ayuntamientos, regiones y ministerios, quedando fuera el 1.700.000 de funcionarios. Las Administraciones quedan libres lanzar un expediente de regulación de empleo (ERE) a causa de una insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente, con lo que se les permite despedir y aplicar una indemnización de 20 días por año trabajado y para colmo no requiere de el visto bueno de la autoridad laboral competente.
