Ante la situación actual que nos deja la economía, el Gobierno pone medidas y ha aprobado el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia financiera en relación con el plan de acción concertada de los países de la zona euro.
Este Real Decreto-Ley permite otorgar avales del Estado para las operaciones nuevas de financiación de las entidades de crédito y autoriza, con carácter excepcional, la adquisición de títulos para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.
La situación de los mercados financieros en los últimos días y el riesgo que implica para la estabilidad del sistema financiero internacional hacen necesario adoptar medidas adicionales y coordinadas por parte de los gobiernos europeos.
Éste fue el compromiso de los Jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo en su reunión extraordinaria del 12 de octubre que, junto con el Banco Central Europeo, han acordado actuar para facilitar directa o indirectamente por un período de tiempo limitado y en términos de mercado avales, seguros o instrumentos similares que permitan garantizar las nuevas emisiones de deuda bancaria a medio plazo.
Además, se han comprometido a garantizar la liquidez de las instituciones financieras, a reforzar su estructura de capital allí donde sea necesario y a facilitar la financiación del sistema financiero en el medio plazo.
En primer lugar, para reestablecer la confianza y el buen funcionamiento del mercado interbancario, se autoriza a otorgar avales del Estado a las operaciones de financiación nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España. Las emisiones podrán ser de pagarés, bonos y obligaciones admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales españoles, con un plazo máximo de cinco años.
El plazo de otorgamiento de avales finalizará el 31 de diciembre de 2009. En el año 2008, se podrán conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros, que serán concedidos por el Ministro de Economía y Hacienda de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria y devengará una comisión que refleje el riesgo que asuma el Estado en cada operación.
