La intervención pública a la que está siendo sometida la Caja del Mediterráneo (CAM) ha sacado a la luz todos los excesos de las Cajas de Ahorros durante los años en los que estuvieron sometidas al poder político de los respectivos gobiernos autonómicos.
Créditos blandos a los consejeros, financiación de proyectos de amigos de altos cargos, compras inmobiliarias sospechosas, etc., todo movido por intereses políticos más que por intereses de eficiencia de gestión económica, lo que ha llevado a estas entidades a la situación en la que se encuentran en estos momentos.
Y es que el principal motivo de las decisiones que se tomaban en el seno de los Consejos de Administración estaba fundamentado en los intereses políticos de los gobernantes de turno y poco tenían que ver con obtener el máximo rentabilidad de sus operaciones, fundamento esencial de toda empresa privada, en general, y de las financieras, en particular.
Ahora, gracias a la reestructuración de las cajas se está profundizando en la profesionalización de las mismas, limitando la presencia de cargos políticos en los órganos de decisión de las cajas en favor de cargos profesionales que puedan reorientar los intereses de las entidades.
Sin embargo, hay que tener cuidado porque muchas de estas reestructuraciones se están llevando a cabo, en algunas ocasiones, con fines geográficos, en lugar de fines económicos, lo cuál puede condenar a las entidades resultantes a repetir los errores del pasado.
