La huelga de los transportistas ha tenido una enorme incidencia en su primera coincidencia con una jornada laboral para el resto de trabajadores. Al margen de los atascos en las salidas y entradas de las grandes ciudades, las protestas de estos trabajadores han servido para evidenciar el estado de ansiedad que viven buena parte de los consumidores. Sólo la posibilidad de que hubiese una falta de suministro en gasolineras y supermercados sirvió para desatar la psicosis entre los consumidores. Después de un fin de semana donde ya se habían dado las primeras muestras de acopio de alimentos y combustibles la jornada del lunes fue dantesca. A las largas colas en las gasolineras hasta incluso agotar las reservas de combustible de muchas de ellas se unió una marabunta de personas que vació literalmente buena parte de los productos frescos de los supermercados.
Desde el Gobierno aseguran que no hay motivo para la alarma, sin embargo el consumidor ha entrado en un estado de psicosis donde el pánico se ha convertido en su principal guía. Así, es probable que se repitan situaciones como las de ayer en una huelga que en principio es indefinida. La falta de suministro puede jugar a favor de los transportistas en sus quejas por el aumento del precio del petróleo y la necesidad de ayudas o subvenciones para paliar su efecto sobre el sector y poder mantener sus márgenes de beneficios.
Los transportistas no son los únicos que sufren por el aumento de una de las variantes en su negocio. A las inmobiliarias les ocurre algo parecido, si bien bastante más complejo. En este sentido, al alto precio de los pisos se le ha sumado el descenso del consumo, una coyuntura de tipos de interés desfavorable, el alto endeudamiento de las familias españolas y un endurecimiento de las condiciones de crédito. Este último elemento es uno de los que más comienza a atenazar a inmobiliarias y constructoras, que ven cómo sus clientes tienen dificultades para acceder la financiación que ofrecen bancos y cajas de ahorro e incluso a ellos mismos se les deniegan préstamos.
Por eso, pese a entonar en mea culpa y admitir que subieron demasiado los precios de las viviendas, las constructoras también demandan ayudas por parte del Estado para hacer frente a la crisis y a su propia falta de previsión económica, una máxima de la gestión empresarial.
