El Ministerio de Economía ha hecho público el barómetro sobre la impresión de los españoles sobre el cumplimiento fiscal.
Como resultado, se desprende que la mitad de los españoles consideran que el cumplimiento fiscal ha mejorado en la última década y la mayoría de ellos opina que los servicios sanitarios, las infraestructuras y los transportes públicos justifican el pago de los impuestos.
Tales resultados se han averiguado, según la décimo tercera edición del estudio “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2007” (Barómetro Fiscal), elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales. Dicho barómetro se basa en una encuesta anual, realizada mediante entrevistas personales a una muestra aleatoria nacional de 1.500 españoles distribuidos en cinco segmentos (empresarios, agricultores, profesionales, asalariados e inactivos) y seleccionados por cuotas de hábitat, género, edad y categoría socio-económica.
Este estudio analiza la relación entre la oferta pública de servicios y prestaciones y los impuestos, las opiniones relativas al comportamiento fiscal de los contribuyentes, la imagen corporativa de la Hacienda Pública y cuestiones relativas a la descentralización fiscal.
En relación con el cumplimiento fiscal, los ciudadanos entrevistados en 2007 expresan una opinión polarizada: la mitad de ellos piensa que el pago de los impuestos ha mejorado en la última década, mientras que la otra mitad opina lo contrario.
Paralelamente, existe también polarización con respecto al fraude: es levemente superior la proporción de quienes creen que el fraude fiscal ha aumentado en los últimos diez años frente a quienes sostienen lo contrario. Estos datos sugieren que la tradicional percepción contradictoria relativa al comportamiento tributario de los contribuyentes podría empezar a desvanecerse, para dar paso a una imagen donde el cumplimiento fiscal y el fraude se consideren las dos caras de una misma moneda.
Según los encuestados en 2007, la causa principal por la que persiste el fraude fiscal en nuestro país es la falta de honradez y de conciencia cívica de los contribuyentes. Y según estos mismos ciudadanos, mantener actividades económicas ocultas a Hacienda y a la Seguridad Social, es el tipo de fraude más perjudicial para la sociedad en su conjunto.
