Se ha dado origen a un nuevo organismo de control estatal. Los miembros del Gobierno, partidos políticos y representantes de las entidades locales y económicas, los cuales han firmado el Pacto Nacional para la Infraestructuras (PNI), llevaron a cabo la organización de la Mesa Nacional de Infraestructuras.
A través de esta Mesa se llevarán a cabo reuniones semestrales, con el objetivo de velar por el cumplimiento del pacto, formular propuestas de actualización y hacer un seguimiento de diversos indicadores.
Por su parte, la UGT de Cataluña aprovechó la ocasión para solicitar al Gobierno que no disminuya las inversiones previstas en el PNI.
El sindicato mencionó que «la inversión pública es del todo necesaria para crear empleo y revitalizar la actividad económica«, y además, las medidas que en el Pacto se enumeran «tienen un carácter estratégico para conseguir el cambio de modelo productivo«.
Cabe mencionar que el PNI abarca a infraestructuras que son competencia del Estado y también a las de la Generalitat, aplicable para los ámbitos de la movilidad, el agua, los residuos, la energía, las telecomunicaciones y el suelo para actividades productivas.
Para cumplimentar con los objetivos, el Pacto propone un total de 130 medidas distribuidas en seis ámbitos de intervención.
Básicamente, estas medidas cumplen y tienen el objetivo de dar servicio a una población prevista de ocho millones de personas de aquí a diez años, a través de inversiones conjuntas entre Estado y Autonomía.
