El Gobierno ha lanzado el denominado Plan Extraordinario de Infraestructuras que supondrá invertir en colaboración con la iniciativa privada 17.000 millones de euros durante dos años (2010-2011). Este programa tendrá como objetivo la construcción de líneas ferroviarias de Alta Velocidad (AVE) y de carreteras.
Según se ha difinido, el 70% de la inversión se destinará al ferrocarril, mientras que el 30% restante irá a las carreteras. Además, el 65% corresponderá a obra nueva, mientras que el resto, a trabajos de conservación y mantenimiento.
Este plan se desarrollará en colaboración entre el sector público y el privado, y su presupuesto equivale a un 1,7% del PIB.
Según el presidente del Gobiertno, este plan está diseñado para que el Estado no tenga que aportar importe alguno hasta 2014, fecha en que está previsto que comiencen a ponerse en servicio los proyectos. Este hecho y el sistema concesional por el que se contratarán las obras evitará que la inversión compute en déficit.
Por lo tanto, las constructoras y entidades financieras privadas como también el BEI y el ICO se encargarán de adelantar la inversión para construir las infraestructuras, que empezarán a licitarse en la segunda mitad de este año.
La metodología de la devolución de los fondos la llevará a cabo el Gobierno mediante el pago de un canon anual durante 30 años en el caso de proyectos de carreteras y de 25 años en los ferroviarios. Para estos últimos, se adelantará la mitad del importe total en la fase de construcción.
Obras del Plan Extraordinario de Transportes
El Gobierno ha informado que no existe un listado concreta de proyectos a ejecutar. La selección estará a cargo fr Fomento y tendrá en cuenta los proyectos actuales y su alto grado de maduración (los que ya estén listos para licitar), que permitan acabar la construcción de líneas AVE o carreteras en marcha y ofrezcan rentabilidad.
El plan sacará a concurso proyectos de distintos tamaños e importes y para que puedan participar en el plan pequeñas y medianas empresas.
Esquema financiero
Las empresas adjudicatarias aportarán el menos el 20% del importe de inversión de un proyecto y recurrirán a financiación bancaria para obtener el resto. Asumirán el riesgo de construcción y el de disponibilidad de la infraestructuras, pero no el de volumen de tráfico y demanda para no verse afectadas por la crisis.
