Los planes de saneamiento de las Comunidades Autónomas son el próximo paso que dará el Gobierno y que se enmarca en Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria ya que aquellas Comunidades Autónomas que lleguen a incumplir los planes de saneamiento fijados para cada una deberán entregar un depósito. Las CC.AA que no puedan sanearse en cuanto a las desviaciones de déficit como castigo quedan obliagadas a dar un depósito y que podrían ser una multa si llegaran a reincidir. Pocos sabemos cuanto deben nuestras comunidades.
Este es uno de los pasos que más le importa al Gobierno en esta materia ya que el déficit de las CC.AA está lastrando en parte a la economía española y en especial a las cuentas del Estado, ya que al Gobierno le urge la reducción del déficit. Incluso el rating de las Comunidades Autónomas se ve en dificultades.
Así las CC.AA quedan presionadas a cumplir o entregar un depósito si no cumplen con los planes de saneamiento económico, también queda estipulado que dicho depósito pase a ser una multa si volvieran a no cumplir con los objetivos de déficit establecidos. Todo esto está ligado a que El Gobierno no podrá cumplir con su promesa de déficit del 4,4% que le prometió a Bruselas.
Mientras que el Gobierno negocia una flexibilidad en los objetivos de déficit y ganar tiempo e implementar medidas en cuanto a la reducción del déficit y de la deuda. Con la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria pretende lograr garantizar la sostenibilidad presupuestaria, además de alcanzar a cumplir los objetivos dictados desde Bruselas; las Administraciones Públicas deben contribuir ayudando a respetar un techo de gasto lo que garantizará el equilibrio que se busca.
Mientras se establece que la deuda no podrá sobrepasar el 60% del PIB; esta nueva norma está conformada por mecanismos preventivos que servirán para corregir las posibles desviaciones y la aplicación de castigo y multas para las Administraciones que incumplan los dictados de Bruselas.
Un buen ejemplo sobre las cuantiosas deudas de las CCAA es la elevada deuda por 6.300 millones de euros que les debe a la industria farmacéutica, prácticamente todos los gobiernos regionales no están pudiendo hacerle frente a sus deudas y están cada mes aumentándola ante la industria farmacéutica a fines de 2011 esta alcanzaba los 6.369,3 millones de euros, es decir un 36% más que el anterior año.
Desde La Moncloa se lanzará una línea de créditos ICO que serviría para afrontar pagos a proveedores, aunque existe la exigencia de que para acceder a dicha línea de crédito o préstamo la comunidad tienen que presentar un plan de saneamiento que contenga medidas para reducir su déficit y en que plazo y como lo hará.
Se extiende de los 5 años a los 10 años el plazo para que cada autonomía pueda devolverle al Estado los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009 y unos 24.000 millones de euros.
Además de que, el Estado adelantará el pago de la liquidación de 2010, por ese año las autonomías recibieron por anticipos menores ingresos de los que les correspondían recibir, 8.000 millones de euros a ingresar en las próximas fechas.