La Ley de Desindexación de la economía supondrá que desde 2014 el IPC dejará de ser el indicador de referencia a la hora de revisar los precios de los servicios y contratos públicos. El Gobierno pretende contribuir a la estabilidad de los precios y a la mejora de la competitividad. También el objetivo es promover la desindexación del IPC también en el sector privado.
Para ello ha creado un Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), aplicable a los contratos entre privados que voluntariamente lo acuerden y en aquellos casos en que se haya pactado una cláusula de revisión pero no la hubieran especificado. La fórmula de desindexación tiene en cuenta la inflación de la zona euro, corregida por una parte de la competitividad perdida. Tendrá un techo del 2% y un suelo del 0%.
En la actualidad, los precios de servicios como la telefonía, el agua o del transporte público se actualizan conforme al IPC. A partir de 2014 se aplicará como norma general la no indexación al IPC. Una evolución distinta de precios y rentas. Los incrementos tendrán que estar justificados por los costes que supone la prestación de los servicios. Por ejemplo, si hasta ahora la revisión de las tarifas de los billetes de autobús se calculaba en función del IPC además de la evolución del precio del carburante o el número de viajeros, a partir de 2014 sólo se tendrán en cuenta estos dos últimos factores.
Están excluidos la negociación salarial colectiva ,las pensiones y los instrumentos financieros.En cuanto a los contratos públicos, se modifica la norma vigente para que la pauta general sea también la no indexación. Las excepciones tendrán que estar autorizadas y justificadas igualmente por los costes.
La nueva ley se aplicará a todas las administraciones públicas y tendrá un gran efecto en las economías familiares. Los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares son el 7% del total (unos 36.000 millones de euros anuales, el 3,5% del PIB). Una vez entre en vigor, la ley se aplicará a todos los nuevos contratos que se firmen. En el caso de los precios regulados, habrá un periodo de seis meses para decidir si la norma será la congelación o el establecimiento de un índice que refleje la evolución de los costes.
