Mañana, se tratará en la Comisión de Industria del Congreso la reforma de la Ley de Morosidad. Una proposición de ley impulsada por CiU para intentar eliminar la cláusula del acuerdo que permite ampliar los plazos de pago sin vulnerar el derecho mercantil y la normativa de la UE.
Éste es el punto clave de la confrontación con el PSOE y el resto de los grupos parlamentarios del Congreso. Todos ellos se encuentran, unánimemente, en contra del mantenimiento de esta cláusula ya que se ha convertido en un instrumento de abuso utilizado por las grandes empresas sobre las pequeñas.
El PSOE posee ya, la mayoría parlamentaria para eliminar el «acuerdo entre las partes» en aquellas operaciones comerciales en las que intervengan pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos.
En concreto, se buscará fijar un plazo máximo improrrogable de 60 días para que las empresas liquiden a sus proveedores. No obstante, entre grandes empresas seguirá vigente la posibilidad de ampliar los plazos, aunque se podría recortar el periodo de pago a sólo 30 días.
Para aclarar el caso, Pyme se considerará a empresas de hasta 250 trabajadores (en España son 50), entonces, serían sólo 2.000 empresas en toda España las que tendrían la posibilidad de ampliar plazos de pago y sólo en operaciones entre ellas.
Se tocará también el tema del nivel de cumplimiento de las obligaciones de pago de las Administraciones Públicas. Recordemos que uno de los daños más grandes que se le causa a las Pymes es la deuda proveniente del sector público. Asimismo, se intentarán fomentar códigos de buenas prácticas entre las empresas.
Actualmente, se calcula en unos 35.000 millones de euros el importe de la deuda que mantienen las Administraciones Públicas con las empresas del sector.
En nuestro blog también hemos publicado hoy una entrada hablando de esta reforma de la ley y comparando los plazos con los de otros países europeos.
¡Un saludo!