El Consejo de Administración de Sareb ha aprobado el Plan de Negocio presentado por la consultora KPMG, y que contempla deshacerse del 15% de su cartera en los primeros cinco años, lo que le permitirá amortizar en ese plazo el 50% de su deuda.
Esta amortización del 50% de su deuda que se producirá durante los primeros cinco años tendrá como contrapartida una menor rentabilidad para los accionistas, ya que esta pasará del 15% anunciado inicialmente al 13%.
Precios de mercado por encima del mínimo exigido
Una de las conclusiones que ha revelado la «due dilligence» encargada por Sareb es que existen precios de mercado por encima del mínimo que exige la sociedad para la venta de los inmuebles. Este hecho hace ser muy optimista a Sareb en cuanto a la venta de algunos de sus inmuebles y al cumplimiento de los objetivos marcados.
El Plan de Negocio prevé, por lo tanto, que Sareb amortice en los próximos cinco años el 50% de los 45.650 millones de euros que ha emitido. Según el Plan, el 75% de los ingresos que obtendrá Sareb provendrán de la venta de activos inmobiliarios, mientras que el 25% restante provendrá del crédito promotor traspasado.
Al mismo tiempo, parte de su cartera estará destinada al alquiler, al entender que con los precios de traspaso se podrán obtener rentabilidades en el entorno del 7%.
Los accionistas privados y Sareb
El Consejo de Administración de Sareb también aprobó un «Código de conflictos de intereses y de operaciones vinculadas», que pretende evitar los conflictos de intereses que pueden producirse, y de hecho ya se están produciendo, dentro de la misma sociedad. Para entender estos conflictos hay que tener en cuenta que los principales accionistas privados de la sociedad son los grandes bancos privados nacionales. A estos grandes bancos no les interesa lo más mínimo que Sareb realice una importante reducción en los precios de los activos, ya que esto podría provocar un efecto «arrastre» que obligaría a los grandes bancos a tener que realizar también importantes reducciones en los precios de sus activos, con la consiguiente dotación de provisiones.
En este sentido, el Fondo Monetario Internacional ya había solicitado en un anterior informe sobre la banca española que «se adoptaran salvaguardas adicionales cuando sea apropiado, incluyendo reglas que impidan a los consejeros participar en las deliberaciones sobre carteras de activos que sean similares a aquellas que sus bancos intentan vender».
