Ya tenemos sobre la mesa, uno de los propósitos del Ministro de Hacienda para el año nuevo, y es que las administraciones públicas, paguen en 30 días sus deudas contraídas con proveedores y acreedores. En definitiva, cumplir la ley de Morosidad. Y parece que pretende realizarlo, pues ha anunciado que cuándo no puedan hacerlo, será el Estado quién lo haga. Pero, ¿Qué implica esta ley?, ¿Qué consecuencias tiene el no cumplirla?
La ley que Montoro quiere cumplir es en concreto la 15/2010, de 5 de julio, que viene a modificar la anterior ley 3/2004, de medidas para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales. La nueva ley trae como novedad la prohibición de pactar plazos de pago superiores a 60 días y el objetivo de que las administraciones paguen en 30 días a sus proveedores.
La ley establece un periodo de transición en el que dichos plazos se vayan reduciendo hasta llegar al máximo de días para pagar. Calendario gradual que queda establecido de la siguiente manera:
- 2012: Las administraciones tienen 40 días para cumplir sus pagos y las empresas privadas 75 días.
- 2013: Las administraciones tiene 30 días para hacer efectivos sus pagos y las empresas privadas 60 días.
Frente al incumplimiento no se establecen sanciones concretas, pero si el pago de intereses de demora, así como el derecho del reclamante a exigir una indemnización por los costes de cobro.
Las consecuencias de la morosidad
El objetivo fundamental, acabar con la morosidad, y evitar que los pequeños proveedores tengan que soportar plazos que minan su competitividad, al tener que aceptar clausulas abusivas en materia de pago por parte de las grandes empresas.
La necesidad de cumplir esta ley se hace tan acuciante en un contexto económico como el que estamos viviendo y cuanto más, porque España está entre los países europeos en los que más se tarda en hacer efectivos dichos pagos, con el consiguiente efecto negativo que tiene para proveedores y pequeñas empresas.
Sin embargo, la realidad contrasta notablemente con la teoría, pues dado el nivel de endeudamiento que presenta tanto el sector privado como las administraciones públicas se genera un panorama bastante arduo para poder cumplir con los plazos, y el consiguiente incumplimiento.
Y es que no pagar a plazos es una práctica que empobrece nuestra economía y dificulta el crecimiento. De ahí la necesidad de que sea la administración pública la primera que de buena cuenta de ello, pues la falta de pago de sus servicios prestados pone en serias dificultades a pequeñas y medianas empresas, que además han visto cortado el crédito y se encuentran un panorama de escasos incentivos por parte del gobierno, y es que las pymes ya han denunciado el abandono por parte del gobierno.
¿Cómo evitar un posible impago?
No existe una receta exacta para evitarlo, pero sí una serie de recomendaciones que si se siguen, reducirán considerablemente el riesgo de impago. Por todo ello, los expertos, recomiendan:
- Evaluar detalle cada una de las operaciones comerciales que llevemos a cabo, considerando el factor riesgo como elemento primordial de dicha operación.
- Informarse sobre la situación patrimonial de la empresa o cliente, así como su evolución y prácticas de pago a lo largo del tiempo.
- Buscar en registros públicos, tales como el Mercantil y el de la Propiedad.
- Consultar en ficheros de morosos o de buenas prácticas y pedir el asesoramiento e informe de consultoras independientes, dedicadas a la evolución de riesgos.
